Por una nueva ley de tierras

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Alejandro Reyes

La caída del Estatuto de Desarrollo Rural es una buena noticia para los campesinos desplazados, para los indígenas y los afrocolombianos. Fue precedida por un auto de la Corte Constitucional que le ordena al Gobierno tener una política de tierras para atender a los desplazados. El problema del Estatuto es que reducía la poca institucionalidad que manejaba las tierras en el Ministerio de Agricultura a otorgar unos subsidios, y despachaba a Acción Social, que no tiene los instrumentos operativos, el gigantesco problema de restituir la tierra despojada, y al Ministerio del Interior y de Justicia, que tampoco los tiene, el problema de proteger los territorios de minorías étnicas.

El estatuto era la expresión concreta de la ausencia de una política de tierras para el campesinado y las minorías étnicas, en el contexto de un derrumbe de la propiedad rural frente a los grupos armados y el narcotráfico, que fue declarado por la misma Corte como un estado de cosas inconstitucional. La ley se cayó porque no fue consultada con sus víctimas y, al contrario, fue duramente rechazada por ellas, y con ello el Gobierno desconoció el compromiso asumido por Colombia al firmar como tratado el convenio 169 de la OIT, que exigió la consulta previa a las minorías étnicas afectadas por las leyes.

El estatuto permitía que los beneficios de la seguridad democrática quedaran en manos de los grandes propietarios actuales, al dejar intacto el asunto de la tenencia de la tierra, que no es otra cosa que la legitimación del enriquecimiento ilícito y la violencia como modos de adquirirla en Colombia. Al caerse el estatuto, se abren posibilidades para que el Gobierno afronte en serio la tarea de recuperar y restituir la tierra robada a los pobladores rurales.

La tarea de ordenar la propiedad de la tierra y consolidar la seguridad democrática tiene cuatro grandes objetivos, que el Gobierno debe asumir según las normas vigentes mientras se aprueba una nueva ley: la formalización de la pequeña propiedad campesina, la recuperación de la propiedad usurpada con violencia, la restitución de la tierra a los campesinos despojados y la extinción del dominio de las adquiridas con recursos ilícitos. Armonizar los cuatro componentes es el gran reto de la política de tierras que la Corte Constitucional le exige al Gobierno.

La ley de víctimas, que espera su trámite final en la Cámara de Representantes, contiene instrumentos de justicia transicional diseñados para recuperar y restituir la tierra de los desplazados, pero necesita un contexto institucional y normativo favorable a la población campesina. La nueva ley de desarrollo rural que el Gobierno deberá impulsar en el Congreso es la oportunidad para dotar al Estado de instrumentos para acometer la tarea pendiente de devolver la tierra a los pobladores e impulsar el desarrollo de la pequeña empresa campesina, que provee más empleos que cualquier otro sector de la economía y reparte mejor los beneficios.

Esa responsabilidad no puede recaer solo en hombros de los jueces, como quedó en el proyecto de ley de víctimas, sino del Estado en su conjunto, con el Gobierno a la cabeza, porque se trata de reconstruir comunidades que perdieron sus territorios y se hundieron en la indigencia por el despojo masivo de sus bienes, mientras el Estado fallaba en el deber de proteger sus derechos a la vida y la propiedad.

Armonizar ambas leyes a favor de las víctimas del despojo de la tierra significa enfrentar los intereses de grandes narcotraficantes, paramilitares, jefes guerrilleros y sus testaferros, que se convirtieron en los grandes señores de la tierra mediante el crimen organizado y la violencia, y quitarles el botín de tierras de sus manos para devolverlas a sus dueños legítimos. Eso convertiría a la seguridad en seguridad democrática.